La Embajada de los Estados Unidos en el país informó este martes que los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a los tres turistas estadounidenses fallecidos en un hotel dominicano demorarán al menos 30 días.

La legación pidió paciencia, mientras las investigaciones en torno a los fallecimientos en el hotel Bahía Príncipe, en San Pedro de Macorís, siguen su curso.

Dijo, en un breve comunicado, que los miembros del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que trabajan en coordinación con las autoridades dominicanas le informaron que la “obtención de esos datos” puede durar ese tiempo.

La embajada estadounidense se refiere a las muertes de los esposos Nathaniel Edward Holmes y Cynthia Ann Day, quienes fallecieron el 30 de mayo de este año en el hotel Grand Bahía Príncipe La Romana, en San Pedro de Macorís, y el deceso de Miranda Lynn Schaup Werner, de 41 años de edad, acaecida cinco días antes en Luxury Bahía Príncipe Bouganville, de la misma cadena hotelera.

De igual modo, la embajadora Robin Berstein dejó claro que la prioridad de la embajada estadounidense es velar “por la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses que viven, trabajan y visitan la República Dominicana”.

También lamentó las muertes de los turistas estadounidenses. “Estos incidentes han sido trágicos y le expresamos nuestras más profundas condolencias a los afectados”, acotó Berstein.

Reiteró que la Embajada de Estados Unidos trabaja “activamente” con las autoridades dominicanas y el sector privado “ para garantizar que los ciudadanos estadounidenses estén y puedan sentirse seguros cuando se encuentran en la República Dominicana”.

La Fiscalía colombiana dictó este lunes orden de encarcelamiento contra el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, por el magnicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, como presunto coautor del delito de homicidio agravado”, indicó el ente judicial en un comunicado.

Según la Fiscalía, la decisión se tomó ante “la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto cartel de Medellín y otra evidencia recopilada”.

Guillermo Cano Isaza, que encabezó una lucha frontal contra el narcotráfico y su penetración en las distintas esferas de la política y la economía colombiana, fue asesinado a tiros la noche del 17 de diciembre de 1986 por sicarios del cartel de Medellín que le dispararon cuando salía del diario en su vehículo.

La misma mafia atacó de nuevo a El Espectador el 2 de septiembre de 1989 cuando un camión bomba fue detonado al lado del periódico, dejando decenas de heridos y las instalaciones parcialmente destruidas.

La Fiscalía también dictó medida no privativa de la libertad contra Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias “Maxwell”, señalado de ser uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar.

Con base en las pruebas, la Fiscalía señaló que los procesados hicieron parte del denominado brazo armado de la banda de Escobar y, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador.

En el caso de “Popeye” hay indicios de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Escobar, conspiraron para atentar contra Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen.

De “Maxwell” se indicó que supuestamente “hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador”.

La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que la medida de aseguramiento se haga efectiva en el momento en el que “Popeye” cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

Con respecto a “Maxwell”, la fiscal del caso dispuso que cumpla presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición para salir del país, mantener buena conducta individual, familiar y social; no tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Popeye” estuvo más de 23 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989, y tras salir manifestó en diversas entrevistas que se había reintegrado a la sociedad.

Sin embargo, el 9 de diciembre de 2017 la Fiscalía pidió revocar su libertad condicional acusado de extorsión y concierto para delinquir, por lo que fue detenido nuevamente el 25 de mayo del año pasado.